Eugenia Posse llevaba 45 días en el cargo de fiscala de Instrucción en lo Penal Nº3 de Monteros cuando surgió la posibilidad concreta de cambiar de centro y órgano judicial, y pasar a ser jueza de Menores Nº2 de esta ciudad. Sucede que la funcionaria ganó el concurso sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para el juzgado y, como no renunció a su postulación, encabeza la terna correspondiente que ingresó al Poder Ejecutivo el 4 de abril. Completan el terceto los finalistas Aurora del Carmen Díaz Argañaraz y Federico Moeykens.

En un primer momento se especulaba con que Posse había permanecido en el proceso de preselección de un juez de Menores para evitar que este cayera por la falta de los tres candidatos necesarios para formar el terceto (si abandonaba el concurso, el CAM iba a verse en la obligación de declararlo desierto y de convocarlo de nuevo). Ocurre que, si bien la fiscalía pertenece al Ministerio Público al mando de Edmundo Jiménez y el juzgado está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y que entre las funciones hay diferencias de sede, facultades y competencias, los dos puestos tienen una remuneración similar. Pero la fiscala ayer precisó que estaba a disposición del Poder Ejecutivo. “Si bien me siento cómoda y contenta en Monteros, iré al Juzgado si el gobernador así lo decide”, afirmó. Posse, que es hermana de la camarista civil María José Posse, explicó que su nombre aparecía en varias ternas porque había concursado en simultáneo para distintos cargos. En noviembre y al elegirla para la fiscalía del sur, el gobernador Juan Manzur descartó a Carlos López (acumula ocho vetos) y a Facundo Maggio, que mañana jurará como juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de la capital.

En el Poder Ejecutivo adelantaron que no llenarán la vacante del juzgado para crear un hueco en el Ministerio Público Fiscal de Monteros, en momentos delicados por la escasez de magistrados. “No podemos vestir a un santo para desvestir otro”, explicó Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia. El funcionario precisó que Posse estaba descartada y que Manzur iba a considerar los otros dos nombres: Díaz Argañaraz y Moeykens. “Necesitamos una ley que obligue a los jueces, fiscales y defensores oficiales a permanecer al menos tres años en sus cargos antes de buscar un cambio de despacho o un ascenso”, insistió el ministro. El proyecto de esa norma, que también incluiría la posibilidad de devolver los tercetos cuando se reiteran sus integrantes, había sido discutido hace una semanas con Fernando Juri (PJ), presidente subrogante de la Legislatura. La ley vigente no prohíbe concursar a quienes asumieron como jueces ni los obliga a renunciar a los procesos en los que se habían inscripto antes de ser nombrados.